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Seguirá José Juan bajo la lupa del órgano fiscalizador


José Juan Espinosa no solventó las observaciones realizadas por la Auditoria Superior del Estado dentro de su cuenta pública 2016 como presidente municipal de San Pedro Cholula, según el informe presentado por el encargado de despacho Alberto Javier Segovia Blumenkron. Mediante el oficio ASP/03502 la ASE informó el estatus de los 58 inicios de procedimientos de responsabilidad administrativo del ejercicio 2016 en contra de diferentes Ayuntamientos y entidades, de los cuales 11 ya fueron desahogados.



25 de julio de 2019

El ex presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, no ha terminado de solventar las observaciones de sus cuentas públicas por las que el H. Congreso del Estado del que forma parte le iniciaran el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. Por lo cual seguirá bajo la lupa de las autoridades.

De 43 millones 82 mil 79 pesos es el monto de las irregularidades de los 27 exalcaldes y exfuncionarios que no aclararon nada en la primera parte de las investigaciones. El también diputado del Partido del Trabajo (PT) fue acusado de un quebranto de 18 millones 749 mil 206.91 pesos y se le inició el IPADR que es el segundo iniciado, en virtud de que el primero es por 33 millones de pesos en su cuenta pública 2015.

De los 37 exalcaldes y exfuncionarios que están bajo investigación en Puebla por anomalías en sus cuentas públicas 2016, únicamente diez aclararon el destino de 10 millones 449 mil 215.40 pesos y los otros 27 no explicaron nada del desfalco que se les imputa.

Al solventar algunas de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), el monto total de lo observado se redujo de 63 millones 980 mil 509.85 pesos, a 53 millones 531 mil 294.40.

Este jueves el organismo fiscalizador notificó a la Comisión inspectora del Congreso del estado el monto solventado en los primeros 15 días de pesquisas, pero como ningún sujeto obligado logró aclarar el total de lo que se les acusa, los 37 enfrentarán Inicio de Procedimiento Administrativo y de Responsabilidades (Ipadr).

En sesión de la comisión se dio a conocer que la exalcaldesa de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, solventó 8 millones 987 mil 865.61 pesos de los 22 millones 321 mil 917.05 que le fueron observados, así que estará procesada por un presunto daño patrimonial de 13 millones 334 mil 051.44 pesos.

Lo que subsanó la priísta representa el 86 por ciento del total de lo aclarado, mientras que el 14 por ciento restante, que es 1 millón 461 mil 734.79 pesos, fue solventado por los exalcaldes de San Martín Texmelucan, Acatzingo, Cuautinchan, Atzitzintla, Atzala, Huehuetlán El Grande, San Salvador El Seco, Lafragua, Teopantlán y San Jerónimo Xayacatlán.

Los 37 exalcaldes y extitulares de organismos municipales fueron sometidos a investigación el pasado 10 de julio por el Congreso del estado, que aprobó la medida a petición de la ASE, que fue la que detectó el posible quebranto al erario.

Solventan a medias

El segundo monto solventando más alto es del expresidente de Cuautinchan, Amelio Flores Sánchez, que aclaró el ejercicio de 961 mil 470 pesos, de un 1 millón 187 mil 696.01 que le fueron observados. De esta manera el Ipadr que enfrenta el militante del Partido del Trabajo (PT) ahora solo es por anomalías de 226 mil 226.01 pesos.

Por San Salvador el Seco el perredista José Román Bartolo Pérez aclaró a la ASE la ejecución de 132 mil 513.30 pesos, así que tiene pendientes 259 mil 217.54 de los 391 mil 730.54 que le detectaron con anomalías.

Ediles ligados al crimen organizado.

José Isaías Velázquez Reyes (del PRD), detenido el 10 de marzo de 2017 por presuntos nexos con el crimen organizado y liberado el 24 de agosto del 2018, comprobó el ejercicio de 124 mil 534.50 pesos al frente de Atzitzintla.

Le fue imputado un daño patrimonial de 820 mil 922.20 pesos, así que le restan 696 mil 387.70 pesos.

El exalcalde de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez (del PT), también vinculado al crimen —motivo por el cual se separó del cargo antes de concluir su gestión— se le hallaron irregularidades por 1 millón 893 mil 479.48 pesos.

De ese monto acreditó 82 mil 305.15, así que le falta explicar a dónde pararon 1 millón 811 mil 174.33 pesos.

El priísta Filomeno Martínez Flores (exmunícipe de Atzala), solventó 66 mil 619.80 pesos de los 113 mil 434.80 que debía, así que le faltan 46 mil 815.

Solventan anomalías de edil asesinado

El ayuntamiento de Huehuetlán El Grande comprobó el gasto de 12 mil 261 pesos de los 41 mil 960.03 de daño patrimonial que se le achacó al expriísta José Santamaría Zavala, asesinado el 2 de agosto del 2016.

Javier Torres Zayas (del PRI) enfrenta un Ipadr por un posible daño patrimonial a las arcas de Acatzingo por 161 mil 334.01 pesos, ya que explicó el destino de 10 mil 999 de un total de 172 mil 333.01 que le fueron observados.

El panista José Eufracio Raúl Montes Hernández, que estuvo a punto de ser destituido de la presidencia de Saltillo Lafragua por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tenía anomalías por 467 mil 92.30 pesos.

De esa cantidad únicamente remitió a la ASE un comprobable de 450 pesos, así que sigue bajo investigación por 466 mil 642.30 pesos.



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