jueves, marzo 09, 2017

Investigan a José Juan Espinosa por daño patrimonial de 600 millones de pesos

Confirmado por el propio presidente municipal, José Juan Espinosa Torres, la Auditoría Superior del Estado le informó la observación y posible daño patrimonial por 600 millones de pesos, en observación a su cuenta pública de 2015, aún cuando afirma que en ese año su recaudación llegó a 430 millones.

Afirmando una persecución en su contra, Espinosa Torres, afirmó que es investigado por cometer un daño patrimonial de 600 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2015 de su administración. Así lo reveló el propio alcalde en la entrevista que otorgó a Imagen Televisión.

El alcalde —quien recientemente se afilió al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)— dijo que la Auditoría Superior del Estado le informó el monto de las irregularidades detectadas, pero aseguró que la cifra es por un monto menor, en virtud de que únicamente ejerció 430 millones de pesos.

Esta no es la primera vez que al alcalde le observan el 100 por ciento de su cuenta pública, lo mismo le pasó en el 2014. Después de exigir la aprobación, dicho ejercicio fiscal fue aprobado en marzo de 2016, por acuerdo del dirigente nacional del partido al que pertenecía, Movimiento Ciudadano, con el  entonces gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle Rosas. Dicho acuerdo, según consistió, en una negociación para que en el proceso electoral no se lanzara como candidato al gobierno del Estado en contra del actual gobernador Tony Gali.

Hoy, José Juan Espinosa mantiene una guerra contra el gobierno del estado en contra de la privatización del servicio del agua, ley que aprobó siendo diputado local y esto mientras lucha para evitar que el H. Congreso del Estado de Puebla inicie un Procedimiento de Determinación de Responsabilidades en su contra.

En tanto, el gobierno de Tony Gali ha iniciado una campaña para desacreditar los dichos de José Juan Espinosa, en la que garantizan que el agua no será privatizada.

En total desprestigio, tras revelarse irregularidades graves en el ejercicio público que se han ventilado en los medios de comunicación, el alcalde de San Pedro Cholula acusa que las observaciones de su cuenta pública son un garrote político por su postura en contra de la privatización del agua que él mismo aprobó cuando era diputado local en diciembre de 2012.

Hay una campaña en nuestra contra emprendida por el gobierno del estado con complicidad de la Auditoria Superior del Estado. El día 13 de febrero presentamos la controversia constitucional y el 24 de febrero recibimos un pliego de observaciones por más de 630 millones de pesos, cantidad muy por encima de los recursos totales que administramos en 2015”.

Incluso en febrero de este año dijo ante la prensa que esperaba incluso que lo quisieran meter a la cárcel, y a manera de prever lo que puede suceder por la situación de su ejercicio fiscal, dijo que su sucede sería porque quieren callar su “pelea contra la privatización”.

El monto denunciado por Espinosa Torres es superior a lo etiquetado en el ejercicio fiscal 2015 para San Pedro Cholula, pues de acuerdo a su Ley de Egresos se presupuestaron 283 millones 496 millones de pesos; aunque al final ejercieron poco más de 430 millones.

Fuentes del Congreso Local revelaron que la Comisión Inspectora aún no ha revisado el dictamen al que hace referencia el presidente cholulteca.

Una vez que la ASE entregue al Poder Legislativo el documento, los diputados locales estarán en posibilidades de dictaminar si es necesario iniciar un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades.



Publicación en 24 Hosa Puebla
Investigan quebranto en San Pedro por 630 mdp
2017-03-09

La Auditoría Superior del Estado (ASE) investiga la aplicación de los recursos financieros realizados por el Ayuntamiento de San Pedro Cholula en 2015.

Así lo declaró el presidente municipal José Juan Espinosa Torres durante una entrevista concedida a Imagen Televisión, en la que también advirtió que el órgano de fiscalización le ha fincado responsabilidades que ascienden a 630 millones de pesos.

Espinosa Torres atribuyó la investigación a una “campaña” en su contra por su oposición a la reforma constitucional al artículo 12 de la Constitución Política de Puebla, que considera al agua como un derecho humano y al Estado como su administrador.

“Estamos siendo objeto de ataques y amenazas, además de que hemos recibido un pliego de observaciones mayor al presupuesto de 2015”, escribió desde su cuenta oficial de Twitter.

En 2015, el año investigado por la Auditoría, el alcalde de San Pedro Cholula otorgó al menos 10 obras a dos constructores que no se encuentran certificados por el Ayuntamiento y cuyos domicilios fiscales remiten a viviendas particulares, incluso a lotes baldíos, por lo que se presume que podrían ser prestanombres.

Se trata de Omar García Moreno y Carina Meneses Escobar, supuestos contratistas que no han trabajado para ningún otro gobierno municipal pero, incluso así, Espinosa Torres les otorgó construcciones por adjudicación e invitación que ascienden a los cinco millones 982 mil 582 pesos, de acuerdo con el portal de Transparencia del Ayuntamiento de San Pedro Cholula.

Entre 2014 y 2016, Espinosa Torres ha otorgado a ambos supuestos contratistas un total de 33 obras valuadas en 27 millones 462 mil 296.5 pesos, informó en su edición de ayer 24 Horas Puebla.

En 2015, el alcalde de San Pedro Cholula también firmó un convenio por 12.5 millones de pesos para un programa alimentario con la fundación Imagina México –dirigida por el ex funcionario Fernando Manzanilla Prieto– y la delegación de la Sagarpa, que en ese entonces era representada por el priista Alberto Jiménez Merino.

La firma del citado programa fue considerado por algunos columnistas como un pacto político, pues Espinosa Torres y Manzanilla Prieto hoy se encuentran adheridos a Morena, partido con el que han relacionado también a Jiménez Merino.

El 28 de agosto de 2015 los tres firmaron un Proyecto Integral de Desarrollo de Capacidades y Seguridad Alimentaria que fue justificado como un programa que beneficiaría a 556 familias con la instalación de invernaderos, sistemas de captación y almacenamiento de agua, así como de parcelas, entre otros.


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