lunes, febrero 27, 2017

José Juan lucra con el derecho al agua

  • Edil de San Pedro Cholula, debido a  la manipulación política

El gobernador José Antonio Gali Fayad reprobó el lucro político que ha hecho el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, con el denominado “Foro Estatal de Defensa del Agua”, a fin de desprestigiar la reforma constitucional que aprobó el Congreso local para garantizar como un derecho humano el acceso al vital líquido.

“Este gobierno estatal lamenta el indebido lucro político observado y la desinformación que conlleva hacia la sociedad en un tema tan sensible, como lo es el del agua potable. Que quede claro, el Ejecutivo del estado no tiene intenciones ni atribuciones para privatizar el agua de los poblanos”, sentencia la carta de respuesta, firmada por el jefe de la Oficina del Gobernador, Javier Lozano Alarcón, mediante la cual notifica a las autoridades de Cholula que el mandatario no asistirá al acto convocado el martes en el Complejo Cultural de San Pedro.


La carta, que fue turnada a los medios de comunicación, refrenda que durante los trabajos de transición, el gobernador elaboró el Plan Para Puebla, que consiste en los 22 compromisos que hizo en campaña, de los cuales el 17 consiste en “presentar ante el Congreso la iniciativa para establecer el acceso al agua como un derecho humano fundamental en el texto de la Constitución Política del Estado”.

Además, destaca que esta modificación legislativa se hizo bajo la lógica de armonizar la Carta Magna local con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual tras la reforma del 28 de julio de 2010 reconoce explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento en el artículo 4.

Lozano Alarcón refrenda que la Constitución federal, en su artículo 115, reconoce la facultad y obligación de los municipios para otorgar “el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales”, por lo que el gobierno del estado no contraviene tal disposición.

Espinosa Torres, a finales de 2016, renunció a su militancia en el partido Movimiento Ciudadano –por el que ganó, además de la alcaldía de Cholula, una diputación local– para afiliarse al instituto lopezobradorista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), decisión que se especula tuvo la voluntad de promoverse para la candidatura al gobierno estatal en 2018.

Desde su emancipación del partido que en 2010 abanderó en coalición la candidatura del ex gobernador Rafael Moreno Valle, Espinosa inició una campaña de desprestigio contra las autoridades estatales, a fin de promoverse como un perfil crítico y de oposición.





José Juan Espinosa Torres, presidente municipal de San Pedro Cholula ha invitado al gobernador Antonio Gali Fayad a que participe el próximo miércoles en el foro Estatal de la Defensa del Agua, en el cuál de debatirá el tema de la privatización en todo Puebla.

Le pidió que reforme el artículo 12 constitucional que supuestamente privatiza el agua.

Mencionó que le han solicitado asesoría 12 municipios que quieren sumarse a esta controversia constitucional en contra de esta reforma, que privatiza el agua.

Le pide también, cancelar el convenio que existe entre el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) y la empresa privada Concesiones Integrales.

Espinosa Torres confía en que Gali estará presente en el Foro, puesto que como gobernador, debe tener muy claro que hay que saber escuchar.


Entregan a Evercore ingresos por cobro de agua en Puebla
Por Israel VELÁZQUEZ G./Lucero HERNÁNDEZ

Grupo Financiero Monex es dueño de 75 por ciento de las acciones del consorcio de Agua de Puebla para Todos.
José Juan Espinosa Torres, diputado local en dos ocasiones, es una de las voces disidentes que se han tenido Puebla. A veces menos, a veces más, pero siempre crítico, el presidente municipal de San Pedro Cholula toma como bandera la defensa del agua potable.

La disyuntiva es simple: entre privatizarla o dejarla en manos del Estado, se inclina por la segunda opción. Acepta que teme represalias del gobierno en turno, que ya le ha mandado un aviso público en voz de Javier Lozano Alarcón: si no se calla podría venir una acción legal.

Sin embargo, no ceja en su intentona y, amparado en el artículo 115 constitucional, recurre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que decida quién tiene la razón.

Díganos bien ¿cómo está ese asunto de la privatización del agua?

Lamentablemente hay políticos que le dan más importancia a lo que dicen que a lo hacen y esto trae como resultado que los ciudadanos cada día desconfíen más de sus gobiernos, de sus gobernantes.

Muestra de ello es la declaración del hoy gobernador Antonio Gali Fayad, quien ante medios de comunicación dice que no va a haber privatización, cuando en mayo del 2014, siendo presidente municipal, permitió que la empresa Concesiones Integrales de Puebla tomara el control del sistema operador conocido como SOAPAP y en junio del mismo año, a unos meses de haber iniciado su gestión, empiezan a colocar recibos para que los poblanos paguen agua potable a una empresa privada que además incrementó hasta en un 388 por ciento las tarifas.


A ustedes, como ayuntamiento, les pega directamente esta decisión…

Sí, por supuesto. Es uno de los servicios que la Constitución, en el artículo 115, señala de forma puntual como exclusivo de los gobiernos municipales. Tan es así, que en el año 2012 la reforma al artículo 4 de la Constitución de la República señala de forma clara la obligatoriedad que tienen los municipios de otorgar el servicio del agua en coordinación con las entidades federativas y la Federación, o sea, con los gobiernos federales y estatales.

En la reforma, una reforma mutilada, incorporan un párrafo que a la letra dice que será el Estado quien regule las modalidades leyes y reglamentos con las cuales se brindará este servicio público, este servicio de agua. Se trata de una reforma incompleta para blindar lo que en el 2013, autorizó el Congreso del estado para permitir la participación, a iniciativa del entonces gobernador Rafael Moreno Valle, de empresas privadas para que los sistemas operadores les puedan concesionar la administración del agua.

Hoy el gobierno de Antonio Gali pretende blindar esa iniciativa de Moreno Valle porque sabe muy bien que en 2018, corren el riesgo de que se revierta el contrato que se le dio al consorcio Concesiones Integrales o Agua de Puebla, que no es más que la suma de cuatro empresas entre las cuales está el Grupo Financiero Monex —involucrada en el fraude de la elección de 2012— que es dueño de 75 por ciento de las acciones de Agua para Todos; el resto de las acciones se reparte en tres socios más, entre los que se encuentra Evercore, propiedad de Pedro Aspe Armella. Los ingresos por el cobro de agua se depositan en un fideicomiso administrado por Evercore, no a las cuentas de Concesiones Integrales SA de CV.

Tiene el gobierno todo un blindaje en estos primeros años y les es fundamental revertir y modificar la constitución para que el próximo gobierno estatal no pueda dar marcha atrás a la concesión del servicio de agua; además, tienen la intención de aplicarlo en otros municipios, como ya lo hacen en una parte de Cuautlancingo, en colonias de San Andrés Cholula y, a pesar de que el gobierno de San Pedro revocó el convenio que firmó la pasada administración, siguen cobrando de forma ilegal el agua y dando servicio en las juntas auxiliares de Manantiales y Santiago Momoxpan, donde se concentra la población en la zona de la reserva territorial Quetzalcóatl. Entonces, Antonio Gali miente cuando dice categóricamente que en Puebla no se va a privatizar el agua. Ya se privatizó en el municipio que él gobernó hace un par de años: siendo presidente municipal lo permitió.

¿Cuáles son las posibilidades reales de revertir esta decisión?, ¿habría que esperar 2018 para que haya cambio de gobierno?

Espero que la Suprema Corte, por lo delicado del tema, actúe de forma imparcial y si lo hace así le va a dar la razón a los ayuntamientos no solamente en cuanto a la intromisión de otro nivel de gobierno, sino para garantizar que una empresa particular pueda involucrarse en la prestación de este servicio público. Hay muchos intereses de por medio, lamentablemente, esta tendencia privatizadora está cobijada por grupos de poder que están muy arriba.

Hay un frente que es el PAN: Jesús Giles y Martha Erika Alonso presionan a los alcaldes de la coalición para que no le entren a la controversia y el otro frente es la Auditoría Superior del Estado. No descarten que en los próximos días a municipios como Tehuacán les liberen las cuentas públicas que les observaron en 2014.

¿Siente usted que hizo o que hace falta una mayor participación social?

Hasta el día de hoy son pocos los que están enterados de esta reforma y cuando vivimos un sexenio en donde se sembró miedo, la gente no sale a manifestarse a las calles por toda la represión sistemática de los últimos seis años.

El mejor ejemplo de lo que digo es Baja California, porque ahí sí de un día para otro salieron miles de ciudadanos y, sin la participación de dirigentes políticos, pudieron revertir una iniciativa similar que ya había sido aprobada por el Congreso local.

Ese es un claro ejemplo, y ambos son gobiernos del PAN: Kiko Vega, gobernador de Baja California, presume una amistad con Rafael Moreno Valle. El llamado que hacemos a Antonio Gali es que si se trata de honrar la palabra, como gobernador modifique el segundo párrafo de esta reforma, que replique lo que señala la reforma al artículo 4 de la Constitución donde existe el término municipios y entidades federativas, y un segundo paso fundamental es dar marcha atrás a la concesión que le entregaron a una empresa privada en la misma ciudad que él gobernó hace un par de años.

Javier Lozano, jefe de la oficina del gobernador, vocero y presidente ejecutivo de la Coordinación de Transparencia, dio declaraciones dirigiéndose a usted. ¿Ha habido presiones?

La Auditoría Superior del Estado es el primer instrumento de poder que como garrote político han manejado los gobiernos del PRI y del PAN. La mayoría de los municipios ya recibieron pliegos de observaciones del año 2015 y San Pedro Cholula no, y nos tienen detenido el crédito que ya autorizó el Congreso.

El propio vocero del gobernador sale a advertir que se pueden presentar denuncias en mi contra por un supuesto servicio de saneamiento que no damos: ¿quién dirige el Sosapach? En el Sosapach participan el gobierno federal a través de la Conagua y el gobierno del estado a través de Ceaspue y el gobierno municipal a través del alcalde o la Contraloría, además participan representantes de los usuarios (…). Es tan clara la amenaza de Javier Lozano que desconoce que jurídicamente no puedes responsabilizar al alcalde de la decisión de un órgano desconcentrado de la administración pública municipal como es el Sosapach.

Es tan falso de lo que me acusa Lozano, porque gobiernos como San Andrés Cholula, Cuautlancingo y Amozoc y tampoco están saneando el agua, ¿por qué? Porque la obligación es del Ceaspue: un órgano público, que es el Consejo Estatal de Agua y Saneamiento, es el encargado de fijar las directrices para el saneamiento de agua.

Lo que repite Lozano no tiene ninguna base, trata de amenazarnos para que no presentáramos esta controversia (constitucional) y bueno, si alguien no ha sido capaz de sanear el agua pues son ellos: el Atoyac que era la principal oferta en materia ambiental del sexenio de Moreno Valle, fracasó totalmente.

¿Teme alguna acción legal por parte del gobierno del estado?

Sí, claro. El día de ayer (jueves 16 de febrero) recibí información de que personal de la fiscalía está solicitando al Tribunal Superior de Justicia cualquier tipo de denuncia que exista en mi contra. Un licenciado de apellido López, llegó con instrucciones del secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco (…) estoy seguro que pretenden fabricar delitos, como lo hicieron con el alcalde de Santa Clara Ocoyucan, Francisco Simarrón, que salió libre porque la justicia federal le dio la razón, pero lo quitaron de la alcaldía.

Entregan a Evercore ingresos por cobro de agua en Puebla
Por Israel VELÁZQUEZ G./Lucero HERNÁNDEZ. Grupo Financiero Monex es dueño de 75 por ciento de las acciones del consorcio de Agua de Puebla para Todos.
José Juan Espinosa Torres, diputado local en dos ocasiones, es una de las voces disidentes que se han tenido Puebla. A veces menos, a veces más, pero siempre crítico, el presidente municipal de San Pedro Cholula toma como bandera la defensa del agua potable.

La disyuntiva es simple: entre privatizarla o dejarla en manos del Estado, se inclina por la segunda opción. Acepta que teme represalias del gobierno en turno, que ya le ha mandado un aviso público en voz de Javier Lozano Alarcón: si no se calla podría venir una acción legal.

Sin embargo, no ceja en su intentona y, amparado en el artículo 115 constitucional, recurre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que decida quién tiene la razón.

Díganos bien ¿cómo está ese asunto de la privatización del agua?

Lamentablemente hay políticos que le dan más importancia a lo que dicen que a lo hacen y esto trae como resultado que los ciudadanos cada día desconfíen más de sus gobiernos, de sus gobernantes.

Muestra de ello es la declaración del hoy gobernador Antonio Gali Fayad, quien ante medios de comunicación dice que no va a haber privatización, cuando en mayo del 2014, siendo presidente municipal, permitió que la empresa Concesiones Integrales de Puebla tomara el control del sistema operador conocido como SOAPAP y en junio del mismo año, a unos meses de haber iniciado su gestión, empiezan a colocar recibos para que los poblanos paguen agua potable a una empresa privada que además incrementó hasta en un 388 por ciento las tarifas.



A ustedes, como ayuntamiento, les pega directamente esta decisión…

Sí, por supuesto. Es uno de los servicios que la Constitución, en el artículo 115, señala de forma puntual como exclusivo de los gobiernos municipales. Tan es así, que en el año 2012 la reforma al artículo 4 de la Constitución de la República señala de forma clara la obligatoriedad que tienen los municipios de otorgar el servicio del agua en coordinación con las entidades federativas y la Federación, o sea, con los gobiernos federales y estatales.

En la reforma, una reforma mutilada, incorporan un párrafo que a la letra dice que será el Estado quien regule las modalidades leyes y reglamentos con las cuales se brindará este servicio público, este servicio de agua. Se trata de una reforma incompleta para blindar lo que en el 2013, autorizó el Congreso del estado para permitir la participación, a iniciativa del entonces gobernador Rafael Moreno Valle, de empresas privadas para que los sistemas operadores les puedan concesionar la administración del agua.

Hoy el gobierno de Antonio Gali pretende blindar esa iniciativa de Moreno Valle porque sabe muy bien que en 2018, corren el riesgo de que se revierta el contrato que se le dio al consorcio Concesiones Integrales o Agua de Puebla, que no es más que la suma de cuatro empresas entre las cuales está el Grupo Financiero Monex —involucrada en el fraude de la elección de 2012— que es dueño de 75 por ciento de las acciones de Agua para Todos; el resto de las acciones se reparte en tres socios más, entre los que se encuentra Evercore, propiedad de Pedro Aspe Armella. Los ingresos por el cobro de agua se depositan en un fideicomiso administrado por Evercore, no a las cuentas de Concesiones Integrales SA de CV.

Tiene el gobierno todo un blindaje en estos primeros años y les es fundamental revertir y modificar la constitución para que el próximo gobierno estatal no pueda dar marcha atrás a la concesión del servicio de agua; además, tienen la intención de aplicarlo en otros municipios, como ya lo hacen en una parte de Cuautlancingo, en colonias de San Andrés Cholula y, a pesar de que el gobierno de San Pedro revocó el convenio que firmó la pasada administración, siguen cobrando de forma ilegal el agua y dando servicio en las juntas auxiliares de Manantiales y Santiago Momoxpan, donde se concentra la población en la zona de la reserva territorial Quetzalcóatl. Entonces, Antonio Gali miente cuando dice categóricamente que en Puebla no se va a privatizar el agua. Ya se privatizó en el municipio que él gobernó hace un par de años: siendo presidente municipal lo permitió.

¿Cuáles son las posibilidades reales de revertir esta decisión?, ¿habría que esperar 2018 para que haya cambio de gobierno?

Espero que la Suprema Corte, por lo delicado del tema, actúe de forma imparcial y si lo hace así le va a dar la razón a los ayuntamientos no solamente en cuanto a la intromisión de otro nivel de gobierno, sino para garantizar que una empresa particular pueda involucrarse en la prestación de este servicio público. Hay muchos intereses de por medio, lamentablemente, esta tendencia privatizadora está cobijada por grupos de poder que están muy arriba.

Hay un frente que es el PAN: Jesús Giles y Martha Erika Alonso presionan a los alcaldes de la coalición para que no le entren a la controversia y el otro frente es la Auditoría Superior del Estado. No descarten que en los próximos días a municipios como Tehuacán les liberen las cuentas públicas que les observaron en 2014.


Foto: Karen Rojas | José Juan Espinosa asegura que los recursos obtenidos por Aguas de Puebla buscan apuntalar la aspiración de Rafael Moreno Valle.

¿Siente usted que hizo o que hace falta una mayor participación social?

Hasta el día de hoy son pocos los que están enterados de esta reforma y cuando vivimos un sexenio en donde se sembró miedo, la gente no sale a manifestarse a las calles por toda la represión sistemática de los últimos seis años.

El mejor ejemplo de lo que digo es Baja California, porque ahí sí de un día para otro salieron miles de ciudadanos y, sin la participación de dirigentes políticos, pudieron revertir una iniciativa similar que ya había sido aprobada por el Congreso local.

Ese es un claro ejemplo, y ambos son gobiernos del PAN: Kiko Vega, gobernador de Baja California, presume una amistad con Rafael Moreno Valle. El llamado que hacemos a Antonio Gali es que si se trata de honrar la palabra, como gobernador modifique el segundo párrafo de esta reforma, que replique lo que señala la reforma al artículo 4 de la Constitución donde existe el término municipios y entidades federativas, y un segundo paso fundamental es dar marcha atrás a la concesión que le entregaron a una empresa privada en la misma ciudad que él gobernó hace un par de años.

Javier Lozano, jefe de la oficina del gobernador, vocero y presidente ejecutivo de la Coordinación de Transparencia, dio declaraciones dirigiéndose a usted. ¿Ha habido presiones?

La Auditoría Superior del Estado es el primer instrumento de poder que como garrote político han manejado los gobiernos del PRI y del PAN. La mayoría de los municipios ya recibieron pliegos de observaciones del año 2015 y San Pedro Cholula no, y nos tienen detenido el crédito que ya autorizó el Congreso.

El propio vocero del gobernador sale a advertir que se pueden presentar denuncias en mi contra por un supuesto servicio de saneamiento que no damos: ¿quién dirige el Sosapach? En el Sosapach participan el gobierno federal a través de la Conagua y el gobierno del estado a través de Ceaspue y el gobierno municipal a través del alcalde o la Contraloría, además participan representantes de los usuarios (…). Es tan clara la amenaza de Javier Lozano que desconoce que jurídicamente no puedes responsabilizar al alcalde de la decisión de un órgano desconcentrado de la administración pública municipal como es el Sosapach.

Es tan falso de lo que me acusa Lozano, porque gobiernos como San Andrés Cholula, Cuautlancingo y Amozoc y tampoco están saneando el agua, ¿por qué? Porque la obligación es del Ceaspue: un órgano público, que es el Consejo Estatal de Agua y Saneamiento, es el encargado de fijar las directrices para el saneamiento de agua.

Lo que repite Lozano no tiene ninguna base, trata de amenazarnos para que no presentáramos esta controversia (constitucional) y bueno, si alguien no ha sido capaz de sanear el agua pues son ellos: el Atoyac que era la principal oferta en materia ambiental del sexenio de Moreno Valle, fracasó totalmente.


¿Teme alguna acción legal por parte del gobierno del estado?

Sí, claro. El día de ayer (jueves 16 de febrero) recibí información de que personal de la fiscalía está solicitando al Tribunal Superior de Justicia cualquier tipo de denuncia que exista en mi contra. Un licenciado de apellido López, llegó con instrucciones del secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco (…) estoy seguro que pretenden fabricar delitos, como lo hicieron con el alcalde de Santa Clara Ocoyucan, Francisco Simarrón, que salió libre porque la justicia federal le dio la razón, pero lo quitaron de la alcaldía.


Ayuntamientos habrían falsificado actas de Cabildo por Ley del Agua
El Sol de Puebla | Verónica De La Luz | Lunes 27 de febrero de 2017

El presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, acusó que, con apoyo del Congreso del Estado, siete Ayuntamientos poblanos pudieron falsificar sus actas de Cabildo, avalando la reforma al Artículo 12 (que dice que el estado garantizará el servicio del agua), por lo que esta presunta anomalía ya fue presentada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El edil dijo que en el Periódico Oficial del Estado con fecha del 27 de enero, se dio por sentado que 142 comunas avalaron el cambio al Artículo 12, pero regidores de siete Ayuntamientos votaron contra la medida: San Martín Texmelucan, San Miguel Xoxtla, Coronango, Cuautlancingo, Juan C. Bonilla, Tepeyahualco y Libres.

Ante estos hechos, Espinosa retó al Congreso Estatal a que acredite la legitimidad de las actas de Cabildo con la que se dio por aprobada la reforma. Pidió la destitución del secretario general del Congreso.

A la par, dijo que el Partido de Acción Nacional (PAN) habría presionado a los presidentes municipales para hacer esta argucia de falsificar sus actas.

Señaló que esta incongruencia entre las decisiones de los cabildos y las actas, ya se presentó ante la máxima corte del país, con la expectativa de echar abajo la reforma a la Constitución local.


Sancionarán a José Juan Espinosa
2017 0228 |
El gobernador del estado, José Antonio Gali Fayad, calificó como “alborotador” al alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, por asegurar que el servicio de agua potable en el estado será privatizado.

Dijo que el edil ha “engañado” a algunos ediles, pues la reforma al artículo 12 de la Constitución de Puebla sólo plantea que el agua sea “un derecho humano”, y no propone ningún tipo de concesión privada a este servicio.

“Ante este distractor o alborotador me han estado hablando algunos presidentes municipales (…) Me duele mucho que se siga politizando y engañando por algo que no va a suceder”, declaró esta mañana.

Ayer, Espinosa Torres dijo que en al menos siete municipios se manipularon actas de Cabildo para otorgar constitucionalidad a la reforma aprobada por el Congreso del estado en enero pasado.

Ante esto, el gobernador de Puebla no descartó sanciones en contra del Ayuntamiento de San Pedro Cholula por la recaudación de casi 6.5 millones de pesos derivados del cobro de saneamiento de agua, servicio que no ha sido brindado.

Dijo que el consejo del Soapap investiga si realmente hubo un cobro indebido por parte de la Comuna cholulteca.

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