domingo, febrero 05, 2017

Espinosa Torres pretende obstaculizar el derecho de acceso libre al agua potable

La reformar constitucional al artículo 12 que establece como un derecho el “acceso al agua potable” en todo el estado, “no pretende privatizar el servicio” ni que el gobierno estatal controle a los sistemas operadores de agua, aseguró el presidente del Congreso local, Jorge Aguilar Chedraui.

En breve entrevista sobre el tema, el legislador blanquiazul aseguró que lo que hicieron fue solamente “retomar” lo que dice la Constitución federal, para incorporarlo a la Constitución local.


Insistió en que no tiene como fin privatizar el servicio ya que solo fue establecer el derecho al agua como un derecho fundamental humano.

“Lo que hicimos en términos legislativos es retomar lo que dice la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, e incorporarlo a la Constitución local. No se privatiza. Es establecer el derecho al agua como un derecho fundamental humano reconocido en la Constitución federal”, puntualizó.

El pasado 6 de enero los diputados locales aprobaron dicha reforma al artículo 12 constitucional local con el fin de establecer el derecho al acceso del agua potable.

Sin embargo, en un párrafo dice que “el Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”. Lo anterior, sugiere que el gobierno podrá quitar a los municipios el control del sistema operador del agua.

Reforma es la antesala para que el estado controle el agua en todos los municipios

Por separado, el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, consideró que dicha reforma es “la antesala para que el gobierno estatal” absorba el control de los sistemas operadores del agua potable en los 217 municipios de Puebla.

Hizo un llamado a sus homólogos de la entidad para que se pronuncien en contra de este decreto y se evite la privatización general del agua en todo el estado.

“Hoy hemos recibido por parte del Congreso del estado la reforma constitucional que el 6 de enero aprobaron de manera sigilosa, donde pretenden quitar facultades a los 217 municipios y a sus sistemas operadores de agua para la administración y dotación del agua potable. Esta reforma es la antesala para que el estado absorba el control de todos los sistemas operadores de agua o de los comités de agua al interior del estado”, indicó. 

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