domingo, marzo 20, 2016

Basura

Los Abed le declaran la guerra a José Juan Espinosa
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Arturo Luna Silva/Garganta Profunda/Puebla Online
Monopólicos e impunes, representantes de lo más rancio del mundo empresarial de Puebla, los Abed han decidido quemar sus naves y declararle la guerra al ayuntamiento de San Pedro Cholula, en un acto suicida –o casi- que ya tuvo consecuencias legales y en breve las tendrá políticas y económicas. La guerra de la basura y el boicot que intentan son, sin duda, un capítulo más en sus ya de por sí oscuros antecedentes, nutridos, como todo mundo sabe, de abusos, excesos y actos circenses de prepotencia.

Esta es la historia:

El 14 de septiembre de 2012, Dolores María del Carmen (“Lolita”) Parra Jiménez y Miguel Ángel Carranco Ledezma, en su carácter de presidenta municipal y secretario del ayuntamiento, respectivamente, celebraron un “contrato concesión” con la empresa denominada Mayacalli, S.A de C.V., propiedad de José Abed y su familia.

Dentro de la cláusula primera del contrato mencionado, se estableció que el objeto del mismo fue que Mayacalli, en su carácter de “concesionario”, prestaría el servicio de limpia, recolección, instalación de basureros y contenedores, traslado, lavado de la plaza cívica del municipio, barrido de residuos, desechos comerciales, industriales y de servicios especiales que se generen en San Pedro Cholula y todas sus juntas auxiliares.

De acuerdo con la cláusula segunda, las partes pactaron que el contrato tendría una vigencia comprendida por el periodo del 1 de noviembre de 2012 al 1 de noviembre de 2022. Es decir, 10 años.


El acto, como es lógico, resultó violatorio de la Ley Orgánica Municipal, que en su artículo 78 fracción XIX señala que el ayuntamiento está facultado, sí, para suscribir convenios o contratos que comprometan al municipio por un plazo mayor al período del ayuntamiento, pero siempre y cuando los mismos sean acordados por las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento.

Todavía más claros son los artículos 57 fracción VII, 79 fracción XIX y el inciso b) de la fracción III del 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, que indican que los ayuntamientos deben someter a la aprobación del Congreso los contratos que celebren cuando tengan una duración mayor del periodo para el cual hubieren sido electos.

Hay que decir que del expediente correspondiente a la contratación de la empresa Mayacalli, no se desprende la existencia del documento en el cual el Congreso en efecto haya aprobado la contratación de dicha empresa por un periodo de diez años, es decir, un periodo mayor al de la gestión de la administración municipal 2008-2011, motivo por el cual al no cumplir con todas las formalidades de ley, el contrato resulta inconstitucional.

Fue así que el pasado 7 de marzo, por unanimidad, el Cabildo de San Pedro aprobó revocar el contrato y dar por terminada la relación con los Abed en lo que toca al servicio de recolección de basura y limpia; otro contrato signado por Dolores Parra con otra compañía de los Abed (RESA), para el servicio de descarga y depósito de los desperdicios en el relleno sanitario, no fue tocado y a la fecha se mantiene vigente.


La rescisión administrativa del acuerdo con Mayacalli S.A. de C.V se basó en el artículo 180 fracción III de la Ley Orgánica Municipal, que establece que los ayuntamientos pueden rescindir las concesiones, cuando se preste irregularmente el servicio concesionado, lo que además venía ocurriendo cotidianamente, y cuando se incumpla, como es el caso, con las formalidades establecidas en la Constitución estatal.

Pero eso no es todo: aunado a lo anterior, que de suyo ya es grave, el gobierno del alcalde José Juan Espinosa Torres detectó serias inconsistencias entre lo recolectado por Mayacalli (recolectora) con la empresa que recibe la disposición final de los residuos: RESA, como se explica a continuación:

Un hoyo negro evidente y pestilente a corrupción, materia de la Contraloría estatal y en su momento de la Auditoría Superior del Estado.

La notificación de la rescisión del contrato con Mayacalli se hizo en el domicilio fiscal de la empresa (Avenida Revolución 528 piso 5, despacho 505, colonia San Pedro de Los Pinos, en el Distrito Federal), el mismo domicilio que aparece en todas las facturas cobradas por los Abed; sin embargo, dicha notificación fue destruida, como si el acto legal nunca hubiese existido, y por tanto negada por los representantes de la empresa.

Todavía peor: en lugar de acatar la resolución del Cabildo, los Abed decidieron irse a la guerra. Y es que desde entonces, personal de Mayacalli empezó a repartir entre la población una serie de volantes tan difamatorios como mentirosos, en los cuales afirma que el ayuntamiento encabezado por José Juan Espinosa rompió el contrato de forma “unilateral” y “secuestró” el equipo de recolección, “negándose” a pagar el servicio.

Hasta donde hay información, la intención de estos empresarios es, como en Los Soprano, cobrar venganza al estilo mafioso y boicotear e impedir por completo la recolección de basura que la administración municipal está llevando a cabo con sus propios recursos, metiendo en los próximos días a San Pedro Cholula en una crisis sin precedentes, con el obvio costo social y político que una situación así generaría.

El tema no es menor ni puede ignorarse, pues en juego está la gobernabilidad del municipio, uno de los más importantes del estado.

gar_pro@hotmail.com

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